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¿Qué es mejor? ¿Una ciudad en la que las personas tienen acceso a espacios públicos de calidad o una ciudad en la que los proyectos inmobiliarios irrespetan con la connivencia política los espacios de equipamiento y esparcimiento de las personas? ¿Una ciudad que crece de manera compacta y ordenada por las áreas que tienen aptitud para usos urbanos o aquella que se extiende como una mancha de aceite de muy baja densidad, comprometiendo la competitividad, los recursos naturales y los valores ambientales y paisajísticos? ¿Una ciudad que crece a destajo de la legislación urbanística o con esta y de manera que las reglas son fácilmente violentadas o una donde impera la legalidad, donde cada parte cumple sus atribuciones y deberes? ¿una ciudad que integra a sus habitantes y les brinda de manera responsable los necesarios servicios urbanos y sociales o una que crece con condominios que poseen tapias monumentales, que no ceden su correspondiente parte de contribución a las municipalidades para obras públicas y que segregan y alienan a las demás personas? Por último, ¿es mejor una ciudad que crece pensando en el desarrollo sostenible, social, ambiental, económico o la ciudad en la que el interés privado prima sobre el de la colectividad y que lo que reina es la obtención de logros económicos a muy corto plazo?
Una respuesta lógica y comprensiva, al respuesta de la mayoría, sería que el mejor modelo es el primero, el de una ciudad inclusiva, solidaria, sostenible y competitiva, sin embargo ese no parece ser un criterio compartido por parte de los representantes de este gobierno (y en particular, del presidente Arias y la ministra de vivienda, Clara Zomer), así como de los sectores inmobiliarios todopoderosos escudados en las cámaras empresariasles y a los cuales los primeros responden, en relación a la reciente decisión de la ministra de destituir al director del Proyecto PRUGAM, Arq. Eduardo Brenes y al coordinador de ese mismo organismo, el arquitecto Tomás Martínez. Esto con la misma excusa de siempre: "reorganización", lo cual no esconde sino otra cosa que la usual intolerancia de este gobierno con la expresión de opiniones que son contrarias a lo mantenido desde arriba. Todo cuatro días después de que Eduardo Brenes se opusiera a la decisión arbitraria de la ministra (evidentemente asesorada desde la cumbre de las águilas) de extender en 200 metros el anillo de contención urbana definido para la Gran Área Metropolitana y que había sido basado en criterios técnicos sólidos, propuesto desde el Plan Gam de 1982 y respetado en el Plan PRUGAM del 2008.
Ahora bien, para entender mejor esto, es necesario aclarar si se piensa que esa extensión de las áreas con potencial de urbanizar es poco significativa, que se pueden señalar varias razones fundamentales de por qué esto no es insignificante. La primera que esta extensión parte de un criterio totalmente arbitrario, basado en un tecnisimo, el de que en 1982 el ancho de la línea con la que se imprimieron los planos del Plan GAM correspondía a 200 metros de ancho, de l0s cuales no se sabía si se podía urbanizar hasta el borde exterior o interior de la línea. Con base en los principios que basaban el plan, se entendió hasta este fin de semana que este límite era el borde interior, pero los sectores inmobiliarios siempre lucharon por eliminar esta restricción y poder urbanizar más allá de él y el gobierno actual se decantó por el lado al que naturalmente responde. Segundo, si se elimina esta normativa, se estaría incrementando un área no escasa, sino de gran cantidad de kilómetros cuadrados a todo lo largo de la GAM, abiertos a la rebatiña inmobiliaria y nada garantiza que esta luego se pueda modificar de nuevo en aras de extender las zonas de potencial residencial hasta donde se pueda, si es posible de Limón a Puntarenas, generando una ciudad extensa, poblada a baja densidad y sin infraestructura de transporte y de ningún tipo para enfrentar este crecimiento. Tercero, comprobada que esta es una extensión es arbitraria, cabe añadir que esta se haría sobre áreas ambientalmente susceptibles, zonas de recarga acuífera, zonas propensas a deslizamientos y otras que no presentan propiedades para la urbanización, como en el caso de aquel condominio en Moravia que se hizo antes de que se aprobaran los índices de fragilidad ambiental y que luego colapsó al primer temporal en una pendiente.
Cuarto, que si bien los sectores que defendían la extensión indicaban que lo hacían por la idea de que las tierras iban a ser escasas "podrían provocar que se genere un esquema de exclusión social hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, por cuanto la tendencia del mercado se inclinaría, de manera innecesaria, a elevar los valores de los terrenos aptos para la construcción"1 , claramente esto no supera el ámbito de la excusa, puesto que siempre que un terreno se urbaniza multiplica su valor, en beneficio del propietario y del desarrollador, no de los "sectores más vulnerables"...las soluciones a los problemas de habitabilidad de la población más excluida pasa por otros aspectos que los implicados no quieren reconocer, no sólo por la disponibilidad (de por sí escasa) de suelos aptos para construir. Como se observa, este límite se trata de un criterio técnico que sólo puede modificarse a través de otro estudio técnico, como el señor Brenes reclamaba previo a su despido.
Por supuesto, esto es expresión de las mismas razones por las que este es un país subdesarrollado. El sector privado (el cual aquí no se pretende satanizar) puede invertir como quiera y en lo que quiera y el gobierno garantiza este sacrosanto principio de quienes lo llevaron al poder, eliminando todo tipo de restricción, consagrando tratos debajo de la mesa y participando muchos de estos funcionarios de gobierno en estos mismos negocios, todo ello por encima del interés común, del desarrollo sostenible, de la generación de una política beneficiosa para el común de la sociedad. En el caso del sector inmobiliario, es un negocio que tomaría jugosos réditos con las zonas de potencial agrícola y de protección ambiental, que encuentra en la planificación urbana y el ordenamiento territorial un estorbo a esos negocios y por tanto, pide las cabezas de los implicados. Se trata del mismo modelo de dictadura en democracia, donde las élites ilustradas deciden por el pueblo y en contra de este, sin el conocimiento del último.
Pero no siempre es así. En un primer momento todos los sectores implicados aplauden la necesidad de planificación urbana: se necesita proteger al ambiente y aprovecharlo de manera sostenible, crear infraestructura vial y promover medios de transporte masivo eficientes s e inclusivos, crear una ciudad integrada y con viviendas adecuadas para todos los sectores sociales, en lo social combatir la marginalidad y brindar servicios de calidad a todos los sectores, crear infraestructura y redes en zonas con potencial para ello y que garanticen mejores servicios, en lo económico evitar las disfuncionalidades y deseconomías urbanas, proyectando a la Gran Área Metropolitana como un polo de desarrollo en el ámbito latinoamericano, en lo legal organizar la estructura de funcionamiento del estado y la institucionalidad para garantizar la adecuada gestión de los planes urbanos regionales y locales. Todo basado en estudios técnicos (en el caso del PRUGAM, más de 20 externos y muchos más internos de la institución) que garanticen que las decisiones no sean antojadizas.
Eso hasta que alguno de esos principios técnicos afectan algún interés creado, hasta que algún proyecto habitacional en Barva, La Garita de Alajuela, Dulce Nombre de Cartago o Santa Ana que algún inversionista tenía en mente, está fuera de las áreas destinadas para fines urbanos. Eso por citar sólo uno de los muchos puntos que contiene el plan regional y a los que los "desarrolladores" se han opuesto ferozmente, al punto que hasta el momento evitaron su aprobación. No aprobar un plan regional que vendría a poner orden en la ciudad y generar un entorno más humano por un criterio de esos que se dan entre risas cómplices en una cena de 600.000 colones en Cerutti da mucho que desear de la escala de valores de los sectores implicados en una decisión como esta. Y si bien es cierto el plan ya recibió el visto bueno de la SETENA en términos de sostenibilidad ambiental- lo cual encendió más las alarmas para estos sectores- el propio gobierno evitó hacer una presentación oficial del Plan en el debido momento y ahora éste se encuentra esperando el dictamen final del INVU, institución infiltrada y sumamente vulnerable ante las acciones de cualquiera que quiera presionar sobre ella.
Como conclusión queda decir que un plan regional no es como un programa de televisión: uno no puede escoger la parte que más le guste y aplicarla. Un gobierno en el que pesa la prédica vacía, pero no las consecuencias objetivas de esa prédica; en el que un plan que traería grandes beneficios al sistema urbano ya muy afectado de la GAM es detenido por intereses creados a los que el gobierno responde telegráficamente, uno que brinda un peligroso legado que compromete el desarrollo futuro, violenta el derecho humano (de todas las personas) del acceso a un medio agradable, engaña con malabares mentales de baratija y expresa el pensamiento más reductivista, todo bajo la mayor apariencia de inocuidad, no es un gobierno que piensa en el beneficio de todos.
Es claro que los ejemplos de modelos de desarrollo empiezan a abundar...aún en América Latina, modelos que balancean los beneficios a corto, mediano y largo plazo, el potencial de desarrollo económico y a la vez el equilibrio de todos los sistemas urbanos, modelos que han sido una inspiración para el pensamiento de personas como Eduardo Brenes y Tomás Martínez y de todos aquellos que se deberán quitar del paso con fines espurios. Es claro que en esos lugares en Latinoamérica es donde el desarrollo económico del que tanto hablan los sectores inmobiliarios encuentra cotas más altas y con réditos permanentes y a largo plazo. Ahí, libres y a la vez regulados, es donde la planificación urbana y el ordenamiento territorial son ejercicios de equilibrio, en los que se busca que la totalidad de los actores (ciudadanía, sector público, sector privado, ambiente) tengan ganancias sin desmérito de los demás. Así las cosas, en un país en donde la libre expresión de opiniones enoja a los de arriba, en un país en que los criterios cortoplacistas y el clientelismo político (verdaderas causas de nuestro desarrollo) encuentran libre ámbito de reproducción, en donde a las instituciones y proyectos se les cortan los ámbitos de acción, en donde las decisiones de medianoche y la improvisación tienen su trono ¿qué se puede esperar del futuro?
Para darse una idea del punto en cuestión, leer: www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/25/pais2280526.html
Una respuesta lógica y comprensiva, al respuesta de la mayoría, sería que el mejor modelo es el primero, el de una ciudad inclusiva, solidaria, sostenible y competitiva, sin embargo ese no parece ser un criterio compartido por parte de los representantes de este gobierno (y en particular, del presidente Arias y la ministra de vivienda, Clara Zomer), así como de los sectores inmobiliarios todopoderosos escudados en las cámaras empresariasles y a los cuales los primeros responden, en relación a la reciente decisión de la ministra de destituir al director del Proyecto PRUGAM, Arq. Eduardo Brenes y al coordinador de ese mismo organismo, el arquitecto Tomás Martínez. Esto con la misma excusa de siempre: "reorganización", lo cual no esconde sino otra cosa que la usual intolerancia de este gobierno con la expresión de opiniones que son contrarias a lo mantenido desde arriba. Todo cuatro días después de que Eduardo Brenes se opusiera a la decisión arbitraria de la ministra (evidentemente asesorada desde la cumbre de las águilas) de extender en 200 metros el anillo de contención urbana definido para la Gran Área Metropolitana y que había sido basado en criterios técnicos sólidos, propuesto desde el Plan Gam de 1982 y respetado en el Plan PRUGAM del 2008.
Ahora bien, para entender mejor esto, es necesario aclarar si se piensa que esa extensión de las áreas con potencial de urbanizar es poco significativa, que se pueden señalar varias razones fundamentales de por qué esto no es insignificante. La primera que esta extensión parte de un criterio totalmente arbitrario, basado en un tecnisimo, el de que en 1982 el ancho de la línea con la que se imprimieron los planos del Plan GAM correspondía a 200 metros de ancho, de l0s cuales no se sabía si se podía urbanizar hasta el borde exterior o interior de la línea. Con base en los principios que basaban el plan, se entendió hasta este fin de semana que este límite era el borde interior, pero los sectores inmobiliarios siempre lucharon por eliminar esta restricción y poder urbanizar más allá de él y el gobierno actual se decantó por el lado al que naturalmente responde. Segundo, si se elimina esta normativa, se estaría incrementando un área no escasa, sino de gran cantidad de kilómetros cuadrados a todo lo largo de la GAM, abiertos a la rebatiña inmobiliaria y nada garantiza que esta luego se pueda modificar de nuevo en aras de extender las zonas de potencial residencial hasta donde se pueda, si es posible de Limón a Puntarenas, generando una ciudad extensa, poblada a baja densidad y sin infraestructura de transporte y de ningún tipo para enfrentar este crecimiento. Tercero, comprobada que esta es una extensión es arbitraria, cabe añadir que esta se haría sobre áreas ambientalmente susceptibles, zonas de recarga acuífera, zonas propensas a deslizamientos y otras que no presentan propiedades para la urbanización, como en el caso de aquel condominio en Moravia que se hizo antes de que se aprobaran los índices de fragilidad ambiental y que luego colapsó al primer temporal en una pendiente.
Cuarto, que si bien los sectores que defendían la extensión indicaban que lo hacían por la idea de que las tierras iban a ser escasas "podrían provocar que se genere un esquema de exclusión social hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, por cuanto la tendencia del mercado se inclinaría, de manera innecesaria, a elevar los valores de los terrenos aptos para la construcción"1 , claramente esto no supera el ámbito de la excusa, puesto que siempre que un terreno se urbaniza multiplica su valor, en beneficio del propietario y del desarrollador, no de los "sectores más vulnerables"...las soluciones a los problemas de habitabilidad de la población más excluida pasa por otros aspectos que los implicados no quieren reconocer, no sólo por la disponibilidad (de por sí escasa) de suelos aptos para construir. Como se observa, este límite se trata de un criterio técnico que sólo puede modificarse a través de otro estudio técnico, como el señor Brenes reclamaba previo a su despido.
Por supuesto, esto es expresión de las mismas razones por las que este es un país subdesarrollado. El sector privado (el cual aquí no se pretende satanizar) puede invertir como quiera y en lo que quiera y el gobierno garantiza este sacrosanto principio de quienes lo llevaron al poder, eliminando todo tipo de restricción, consagrando tratos debajo de la mesa y participando muchos de estos funcionarios de gobierno en estos mismos negocios, todo ello por encima del interés común, del desarrollo sostenible, de la generación de una política beneficiosa para el común de la sociedad. En el caso del sector inmobiliario, es un negocio que tomaría jugosos réditos con las zonas de potencial agrícola y de protección ambiental, que encuentra en la planificación urbana y el ordenamiento territorial un estorbo a esos negocios y por tanto, pide las cabezas de los implicados. Se trata del mismo modelo de dictadura en democracia, donde las élites ilustradas deciden por el pueblo y en contra de este, sin el conocimiento del último.
Pero no siempre es así. En un primer momento todos los sectores implicados aplauden la necesidad de planificación urbana: se necesita proteger al ambiente y aprovecharlo de manera sostenible, crear infraestructura vial y promover medios de transporte masivo eficientes s e inclusivos, crear una ciudad integrada y con viviendas adecuadas para todos los sectores sociales, en lo social combatir la marginalidad y brindar servicios de calidad a todos los sectores, crear infraestructura y redes en zonas con potencial para ello y que garanticen mejores servicios, en lo económico evitar las disfuncionalidades y deseconomías urbanas, proyectando a la Gran Área Metropolitana como un polo de desarrollo en el ámbito latinoamericano, en lo legal organizar la estructura de funcionamiento del estado y la institucionalidad para garantizar la adecuada gestión de los planes urbanos regionales y locales. Todo basado en estudios técnicos (en el caso del PRUGAM, más de 20 externos y muchos más internos de la institución) que garanticen que las decisiones no sean antojadizas.
Eso hasta que alguno de esos principios técnicos afectan algún interés creado, hasta que algún proyecto habitacional en Barva, La Garita de Alajuela, Dulce Nombre de Cartago o Santa Ana que algún inversionista tenía en mente, está fuera de las áreas destinadas para fines urbanos. Eso por citar sólo uno de los muchos puntos que contiene el plan regional y a los que los "desarrolladores" se han opuesto ferozmente, al punto que hasta el momento evitaron su aprobación. No aprobar un plan regional que vendría a poner orden en la ciudad y generar un entorno más humano por un criterio de esos que se dan entre risas cómplices en una cena de 600.000 colones en Cerutti da mucho que desear de la escala de valores de los sectores implicados en una decisión como esta. Y si bien es cierto el plan ya recibió el visto bueno de la SETENA en términos de sostenibilidad ambiental- lo cual encendió más las alarmas para estos sectores- el propio gobierno evitó hacer una presentación oficial del Plan en el debido momento y ahora éste se encuentra esperando el dictamen final del INVU, institución infiltrada y sumamente vulnerable ante las acciones de cualquiera que quiera presionar sobre ella.
Como conclusión queda decir que un plan regional no es como un programa de televisión: uno no puede escoger la parte que más le guste y aplicarla. Un gobierno en el que pesa la prédica vacía, pero no las consecuencias objetivas de esa prédica; en el que un plan que traería grandes beneficios al sistema urbano ya muy afectado de la GAM es detenido por intereses creados a los que el gobierno responde telegráficamente, uno que brinda un peligroso legado que compromete el desarrollo futuro, violenta el derecho humano (de todas las personas) del acceso a un medio agradable, engaña con malabares mentales de baratija y expresa el pensamiento más reductivista, todo bajo la mayor apariencia de inocuidad, no es un gobierno que piensa en el beneficio de todos.
Es claro que los ejemplos de modelos de desarrollo empiezan a abundar...aún en América Latina, modelos que balancean los beneficios a corto, mediano y largo plazo, el potencial de desarrollo económico y a la vez el equilibrio de todos los sistemas urbanos, modelos que han sido una inspiración para el pensamiento de personas como Eduardo Brenes y Tomás Martínez y de todos aquellos que se deberán quitar del paso con fines espurios. Es claro que en esos lugares en Latinoamérica es donde el desarrollo económico del que tanto hablan los sectores inmobiliarios encuentra cotas más altas y con réditos permanentes y a largo plazo. Ahí, libres y a la vez regulados, es donde la planificación urbana y el ordenamiento territorial son ejercicios de equilibrio, en los que se busca que la totalidad de los actores (ciudadanía, sector público, sector privado, ambiente) tengan ganancias sin desmérito de los demás. Así las cosas, en un país en donde la libre expresión de opiniones enoja a los de arriba, en un país en que los criterios cortoplacistas y el clientelismo político (verdaderas causas de nuestro desarrollo) encuentran libre ámbito de reproducción, en donde a las instituciones y proyectos se les cortan los ámbitos de acción, en donde las decisiones de medianoche y la improvisación tienen su trono ¿qué se puede esperar del futuro?
Para darse una idea del punto en cuestión, leer: www.nacion.com/ln_ee/2010/febrero/25/pais2280526.html
